Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto, cuya finalidad es rendir homenaje a las personas que han perdido la vida prestando servicios de asistencia humanitaria y a quienes siguen entregándose a causas humanitarias, cabe señalar que, con frecuencia, el personal de salud es uno de los primeros blancos de ataques en las guerras y otras situaciones de violencia. Como consecuencia de ello, un sinfín de personas se ven privadas de los cuidados que necesitan. Este es actualmente uno de los más graves y acuciantes problemas de índole humanitaria.
 
En Europa, tenemos conocimiento de los actos violentos que afectan al personal de salud o a las personas que reciben asistencia de salud únicamente en las contadas ocasiones en que la noticia ocupa los titulares de la prensa internacional.
 
El mortífero ataque perpetrado en un hospital de la ciudad paquistaní de Quetta el pasado mes de junio, donde recibían tratamiento personas supervivientes de un ataque contra un autobús, no es sino un ejemplo reciente. No se notifica la inmensa mayoría de los incidentes que, de algún modo, niegan el derecho de los heridos o enfermos a recibir asistencia de salud. Si bien a veces las ambulancias o los hospitales son un blanco directo, es muchísimo más habitual que el personal de salud sea objeto de acoso o de amenazas por parte de personas armadas que pretenden impedirle que preste tratamiento a los enemigos.
 
No es inusual que se obstruya deliberadamente el acceso de las ambulancias a las personas heridas. La inaceptable realidad es que se suele conculcar el estatuto de neutralidad de las instalaciones, de los medios de transporte y del personal de salud. No sólo es alarmante el alcance del problema, sino que también los patrones de violencia muestran tendencias preocupantes.
 
Como se demuestra en un reciente estudio elaborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la mayoría de los actos de violencia contra el personal y las instalaciones de salud, los principales afectados son los trabajadores locales. Así ocurrió en el 2012 en más del 90 %de los más de 900 incidentes registrados en 22 países; y entre las personas afectadas por esos incidentes, hubo un 25 % de heridos o muertos. En algunos casos, incluso se tomó por blanco, mediante otras explosiones, a quienes intentaban prestar asistencia a las víctimas de una primera explosión: práctica particularmente repugnante que aumenta el número de heridos y muertos e impide la prestación de cuidados a quienes los necesitan.
 
A más largo plazo, un único acto de violencia contra instalaciones o personal de salud puede acarrear consecuencias inconmensurables en comunidades enteras. En el 2009, el estallido de una bomba en una ceremonia de graduación de estudiantes de medicina en Mogadiscio, capital de Somalia o, más recientemente, el asesinato de trabajadores sanitarios que combatían la poliomielitis en Nigeria tuvieron consecuencias más allá de la pérdida inmediata de vidas humanas. Como consecuencia de estos ataques, cada año, muchos miles de personas no podrán ser atendidas en consultas médicas o recibir vacunas.
 
Además de las consecuencias de incidentes concretos, hay una notable incidencia en la asistencia de salud a causa de la inseguridad general que se registra en los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Cabe mencionar, por ejemplo, el éxodo de los trabajadores sanitarios a raíz de ataques, amenazas o problemas de seguridad. Desde Afganistán hasta las zonas remotas afectadas por el conflicto en Colombia, desde República Centroafricana hasta el norte de Malí, el principal problema no radica esencialmente en los ataques directos contra los trabajadores sanitarios, sino en la imposibilidad para los heridos y los enfermos de acceder a los cuidados de salud, lo cual puede llegar a tener las mismas mortales consecuencias.
 
La violencia contra las instalaciones y el personal de salud no sólo es moralmente reprobable, sino también es ilegal según el derecho internacional. Los estados y los combatientes son los principales responsables de velar por el respeto del derecho. Los legisladores y los tribunales nacionales deben, asimismo, observar la responsabilidad que les incumbe, esto es, garantizar que en la legislación nacional se reconoce la responsabilidad penal de cuantos violan el derecho internacional humanitario y aplicar esa legislación. Las organizaciones humanitarias y el personal de salud también tienen un papel crucial que desempeñar. Para garantizar que todas las comunidades y los grupos políticos y militares aceptan su labor es necesario demostrar una imparcialidad inequívoca. La asistencia de salud debe fundarse exclusivamente en necesidades médicas y no en otras consideraciones.
 
La sensibilización acerca del coste humano de la violencia perpetrada contra el personal de salud y el fomento de una cultura de la responsabilidad entre todas las personas concernidas requieren el despliegue de una acción internacional concertada por medio de cauces diplomáticos y jurídicos. Con esta finalidad, en octubre del 2013, se presentará, en siete capitales europeas, una campaña encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que contará con la participación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna y de otras organizaciones humanitarias con el apoyo de la Comisión Europea. El propósito es incrementar la sensibilización de la población sobre el carácter urgente de esta cuestión y sobre el daño que se está infligiendo, de manera que se puedan evitar más sufrimientos y salvar vidas.
 
* Peter Maurer es Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
 
Kristalina Georgieva es Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda humanitaria y respuesta a crisis