Financiación: Ayto de Córdoba: 21.720€; Comité CRE Albacete: 60.000€; Asamblea local de Casas Ibañez: 2.631,30€; Ayto Munera: 2.000€; Asamblea local Albacete: 1.435€; Asamblea local Madrigueras: 3.575€; Aportación beneficiarios: 2.039€; CRE: 22.413,70€

Fecha de inicio:
Duración prevista del proyecto:12 meses

Comunidad de Santa María, Municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega (Nicaragua)

Se estima que serán beneficiarias directas de este proyecto alrededor de 16.447 personas que, junto con otras 181.709 que se calculan como beneficiarias indirectas, suman un total aproximado de 198.156 personas favorecidas por la intervención entre: la población en general de las comunidades en las que se desarrollarán las acciones del proyecto; integrantes del equipo comunitario de respuesta a desastres; profesores de las escuelas públicas situadas en la zona de acción del proyecto; alumnos de las escuelas públicas situadas en la zona de acción del proyecto; miembros del Comité Comunal de la Dirección de la Protección Civil de Leogane, Casecs de las localidades en las que se desarrollarán las acciones del proyecto; y Asecs de las localidades en las que se desarrollarán las acciones del proyecto.

Nicaragua es uno de los países más pobres del mundo y su principal obstáculo es una población mal alimentada que no cuenta con las energías necesarias ni suficientes para realizar actividades biológicas, reproductivas y productivas, ya que la comercialización de la producción agropecuaria no es lo suficientemente beneficiosa para los productores, quienes no reciben los ingresos suficientes por sus cosechas o producción pecuaria; sino que las ganancias quedan en los intermediarios que, en la práctica, son los que perciben la rentabilidad de estos productos y de manera especial con los granos básicos. Y esto se refuerza con la falta de políticas públicas específicas encaminadas a transformar los procesos productivos, pues hay alrededor de 200.000 familias campesinas productoras de granos que carecen de capacidad productiva eficiente, canales de distribución, información de mercado, transferencias tecnológicas y, sobre todo, financiación. Así pues, ocurre que finalmente Nicaragua no es capaz de producir sus propios alimentos y que, por ello, depende del producto exterior, en detrimento del interior, incrementándose la vulnerabilidad de la población. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta de Consumo del 2004, realizada por la FAO, el 73% de la población nicaragüense no logra cubrir el valor total de la canasta básica de alimentos; por lo que este porcentaje padecería inseguridad alimentaria. Pero es que, además de esa proporción de la población, un 49% de las familias nicaragüenses están en “situación crítica”, porque no cumplen con los requerimientos mínimos energéticos para realizar las actividades diarias.

Concretamente, en el municipio de Posoltega, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano Nicaragua 2002 del PNUD, el índice de desarrollo municipal es de 0,552, por debajo de la media nacional. La mayoría de la población del municipio, el 64,33%, se concentra en el sector rural y comparte la problemática común del sector rural en Nicaragua. Y si bien la pobreza en términos relativos ha disminuido, la pobreza en términos absolutos ha aumentado, lo que implica graves problemas de cohesión social: las alternativas de generación de ingresos son muy reducidas, el acceso a servicios básicos es limitado, parte de la población carece de condiciones de seguridad alimentaria, los índices de violencia, y en particular de violencia intra familiar, son elevados. Las actividades económicas básicas pertenecen al Sector Primario, del que, a pesar de sus debilidades, proviene la poca riqueza que en términos reales genera el municipio. El sector secundario es prácticamente inexistente y artesanal, y el terciario es extremadamente disperso, desestructurado e ineficiente…

En conclusión, la pobreza e inseguridad alimentaria nutricional son los efectos de las distorsiones en el ámbito productivo y de las desigualdades tanto en el campo como en las ciudades. Y la consolidación de estas anomalías sociales provoca al país una pesada carga que ha llegado al límite de lo permisible y que necesita, a la mayor brevedad, un cambio de rumbo para hacer de Nicaragua un país donde los contrastes entre potencialidad y nivel de vida sean más armónicos y menos sesgados. Y así, en la línea de años anteriores, en los que las intervenciones de Cruz Roja se han centrado fundamentalmente en la ejecución de proyectos de desarrollo económico y seguridad alimentaria, dirigidos a la creación de oportunidades de generación de ingresos, y en los que se ha concluido que la mujer es el principal actor en el desarrollo de la familia en las zonas urbanas y rurales, a pesar de que la equidad de género cuenta con muchas limitaciones y la falta de oportunidades para ellas es manifiesta en todos los sectores de la sociedad; en este sentido iría encaminado este proyecto dirigido al municipio de Posoltega, que cuenta con el apoyo de las instituciones y población local (pues parte de la necesidad y limitaciones de las mujeres dentro de la comunidad, y como una demanda presentada por las propias mujeres en las reuniones realizadas con productores dentro de la comunidad, en conjunto con las estructuras comunitarias, así como con la Alcaldía Municipal, que presenta de igual manera su interés en gestionar la creación de proyectos que vengan a facilitar una participación y acceso a los recursos de las mujeres dentro del municipio) y que pretende crear las condiciones para que las familias fortalezcan y mejoren sus actividades de producción agrícola diversificada, a fin de generar mayores reservas para autoconsumo y para venta, generando excedentes económicos que permitan alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional.

Este proyecto, que tiene una duración de 12 meses; que tendrá un impacto beneficioso para el medio ambiente y para la seguridad alimentaria (pues supone la introducción de tecnología de bajos insumos y productos fertilizantes orgánicos  y biológicos, fomentando  de la aplicación de buenas prácticas agrícolas –BPA-);  que resulta acorde a las capacidades y necesidades de la población (ya que se utilizarán herramientas menores y la irrigación de los cultivos se realizará de  forma manual, para hacer un uso más racional del recurso hídrico, el cual es  escaso); que, además de contar con la población e instituciones locales, cuenta con la colaboración del INTA -Instituto de Transferencia de Tecnología agrícola- (que permite tener disponibles todas las tecnologías actuales que el Ministerio ha impulsado con pequeños productores rurales); que contempla la promoción de valores humanitarios y promoción de los derechos humanos, desde el enfoque de la equidad; y que se verificará mediante informes, listados y encuestas (previas y posteriores); se estructura en torno a las siguientes líneas de intervención:

1. Mejorar la disponibilidad de alimentos de cuarenta familias campesinas lideradas por mujeres de la comunidad de Santa María:  a través de acciones orientadas a proveer de conocimientos y asistencia técnica en aspectos agrícolas y pecuarios, que les permita aprovechar al máximo sus recursos y lograr mejores rendimientos a nivel de producción e ingresos económicos por la venta de sus productos.
2. Creación y fortalecimiento de capacidades que proporcionen ingresos para facilitar el acceso de los alimentos requeridos: mediante la creación de asociaciones colectivas e individuales donde se acopien y comercialicen los alimentos producidos.
3. Mejorar las condiciones nutricionales de las personas beneficiarias: mediante el mejoramiento de las prácticas de tratamiento y una adecuada preparación y consumo de los alimentos. De igual manera, suministrar herramientas e insumos para incentivar a la mujer rural de la comunidad de Santa María en sus actividades de producción agropecuaria para mejorarles las condiciones de seguridad alimentaria y económica.