- España ratificó la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 30 de marzo de 2007.
El Consejo de Ministros del día 10 de julio de 2009 ha aprobado la creación de un grupo de trabajo interministerial para realizar un estudio integral de la normativa española con el objetivo de adaptarla a las previsiones de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad.
Este grupo de trabajo estará presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado, al menos, por los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía y Hacienda; Justicia; Interior; Educación; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; Vivienda; Presidencia e Igualdad.
La Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva. Los Estados deberán implantarlas para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones. España ratificó este documento el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
Principios generales de la Convención
La Convención supone un cambio radical en el concepto y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad, ya que presenta una elaboración detallada de esos derechos y un código de aplicación. Sus principios generales son:
- El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
- La no discriminación.
- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
- La igualdad de oportunidades.
- La accesibilidad.
- La igualdad entre hombre y mujer.
- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Cambio de concepto
Estos principios ya estaban recogidos en los enunciados de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de 2003. Sin embargo, la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social.
La legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la Unión Europea en esta materia. No obstante, es necesaria la creación de este grupo de trabajo para analizar dicha legislación y realizar los ajustes técnicos convenientes para adaptarla y adecuarla a las directrices de la Convención.
