Personas inmigrantes.

En los últimos veinte años, España ha experimentado una trasformación radical, situándose entre los países europeos con mayor proporción de población extranjera viviendo en su territorio. En general, los empleos que desarrollan las personas inmigrantes son de condiciones y calidad más precarias que los de la población española, y en muchos casos con una alta tasa de temporalidad, en economía sumergida, etc. A esto habría que añadir la existencia de prejuicios y estereotipos y, a veces, el mantenimiento de prácticas discriminatorias. Esto se agudiza si se une a otras formas de discriminación, como puede ser el sexo. Datos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2007 había más de cuatro millones y medio de personas extranjeras empadronadas en España, lo que supone un 10% de la población total. En este tiempo, el origen de las personas inmigrantes ha ido cambiando. Así, en 1992 la mitad de los extranjeros y extranjeras residentes en nuestro país provenían de la actual Unión Europea. Hoy en día, la mayor proporción corresponde a países latinoamericanos, con 1.547.000 personas, seguida de África, con algo más de 800.000 personas. Principales países de procedencia de las personas inmigrantes (EPA, Encuesta de Población Activa, 2007) En el mercado laboral, la inmigración ha afectado a la productividad, la tasa de empleo, el factor demográfico y el nivel de renta per cápita. Las personas inmigrantes han mejorado las oportunidades de empleo de la población autóctona. Por ejemplo, la disponibilidad de las mujeres inmigrantes para el servicio doméstico ha facilitado la incorporación de ambos cónyuges al mercado de trabajo y el sector de la construcción se mantuvo pujante gracias a la inmigración. Las personas inmigrantes han contribuido a reducir significativamente la tasa de paro estructural, al reducir el grado de desajuste entre demanda y oferta de trabajo. Situación de la población inmigrante en el mercado de trabajo español (EPA 2007) Por lo que respecta a la situación de desempleo, la tasa correspondiente a la población extranjera era a finales de 2007 de aproximadamente 12 % del total, 4 puntos superior a la de la población española. Con la actual ralentización del sector económico, esta diferencia se ha acentuado, aumentando a 6 puntos. Dentro de este apartado, la estructura que se observa entre la población extranjera es la misma que la que presenta la población española: mayor tasa de paro de las mujeres en relación con los varones y de los jóvenes en relación con grupos de más edad. En las mujeres inmigrantes trabajadoras inciden procesos de segregación horizontal y vertical; en general estos procesos responden a las mismas pautas que sufren en el mercado de trabajo las mujeres españolas: las condiciones del mercado de trabajo en que se insertan las conducen inicialmente a ramas de actividad muy feminizadas, con un alto nivel de precariedad laboral y, a veces, socialmente estigmatizadas. Además de la dimensión laboral, al plantear la integración de las mujeres inmigrantes, hay que tener en cuenta otros factores relacionados con los ámbitos de participación, educación, salud, igualdad de trato, codesarrollo, etc., así como los roles y actividades en la esfera privada, pues se observan situaciones de desigualdad en la distribución de responsabilidades y tareas en la familia, que pueden convertirse en factores de exclusión determinantes en los procesos de integración social de las mujeres inmigradas.

Personas drogodependientes.

En los últimos años el perfil de las personas drogodependientes en nuestro país ha ido variando en función de un cambio en los hábitos de consumo de las diferentes sustancias, y también de una reducción del riesgo percibido en la sociedad en relación a dicho consumo. Las diferencias en su vulnerabilidad respecto al empleo son muy amplias: desde las personas con un importante deterioro psicosocial y que requieren de un apoyo global (sanitario, social y psicológico) hasta las personas cuya dependencia no se ha manifestado. Sin embargo, desde el punto de vista del acceso al empleo, muchas de ellas comparten una visión estigmatizadora que las relaciona con la marginalidad, la exclusión, la incapacidad de desarrollar un empleo… En definitiva, barreras sociales que se añaden a las derivadas, específicamente, de su propia situación.

Personas sin techo.

Una persona sin hogar es aquella persona que vive en las calles de las ciudades, y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales. En nuestro país se estima que alrededor de treinta mil personas se encuentran en esta situación y aunque su perfil es cada vez más amplio, se trata mayoritariamente de hombres entre 20 y 44 años. Muchas de estas personas sufren un serio deterioro tanto físico, como psicológico y social que les coloca muy lejos del mercado laboral.

Mujeres en situación de dificultad social.

Si en líneas generales, las mujeres tienen más difícil que los hombres el acceso al mercado de trabajo, esta situación se intensifica cuando se trata de mujeres en dificultad social: mujeres inmigrantes, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, procedentes de entornos sociales desestructurados… Para todas ellas el acceso a un empleo es una de las principales estrategias para tener o recuperar la autonomía personal y la independencia. Sin embargo, en muchos casos, a la falta de formación o capacitación profesional se añaden barreras psicológicas como un deterioro de la autoestima y la confianza en sí mismas, la infravaloración de las propias capacidades y posibilidades, la percepción de incapacidad para hacer frente a la situación…

Personas desempleadas de larga duración.

Se ha comprobado que un prolongado período de desempleo tiene efectos muy negativos sobre la posibilidad de reincorporación al mercado de trabajo. De forma más o menos abierta, el mercado de trabajo suele hacer una valoración negativa de la situación prolongada de desempleo, asociándola a una falta de capacitación, competencia, de compromiso personal… Al mismo tiempo los intentos fallidos de volver a acceder a un empleo, disminuyen la confianza de la persona desempleada en su propio potencial y sus posibilidades de retomar su carrera profesional. Y un déficit en la igualdad de oportunidades hace que estos procesos se agudicen en el caso de las mujeres.

Personas mayores de 45 años.

Aunque existe una gran variación entre los diferentes sectores productivos, es un hecho reconocido que las personas mayores de 45 años tienen más difícil su reincorporación al mercado de trabajo cuando están desempleadas, así como el mantenimiento en un puesto de trabajo o la promoción profesional. Incluso, los 55 años marcan la posibilidad de la prejubilación. En la Unión Europea, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es una estrategia reconocida como necesaria para la competitividad, sin embargo en la práctica muchas veces se da por hecho que las personas mayores tendrán especiales dificultades para adaptarse a nuevas condiciones y dinámicas del mercado de trabajo, o no se tienen en cuenta competencias y habilidades personales que suelen adquirirse con el tiempo: constancia, autoconocimiento, responsabilidad…

Población joven.

En los sectores más jóvenes de la población, la dificultad social se asocia a un amplio número de factores como el fracaso escolar, crecer en situaciones de pobreza, pertenecer a entornos familiares desestructurados, situaciones de desamparo… En este caso, las actuaciones dirigidas a superar esta situación y situar a estos jóvenes en mejores condiciones de acceso a un empleo son una estrategia ineludible de cara a prevenir posibles situaciones, en un futuro, de exclusión social.

Población reclusa.

Con frecuencia suele decirse que las personas que están o han estado en prisión han de cumplir una “doble pena”: la pena establecida por la justicia y la pena impuesta por la sociedad. Muchas de las personas que han pasado por prisión carecen de una experiencia laboral como consecuencia, en muchos casos, de una situación de dificultad social previa (escasos recursos socioeconómicos, falta de capacitación y competencias profesionales, bajo nivel educativo, problemas de vivienda, de salud). Con frecuencia durante su estancia en prisión estas personas realizan actividades encaminadas a facilitar su acceso al mercado laboral como vía para su reinserción en la sociedad. Un objetivo que no siempre resulta accesible si la sociedad mantiene estereotipos y prejuicios que les alejan de una igualdad de oportunidades.